Historia de La Sierra de Segura

Históricamente la denominación «Sierra de Segura» aparece ya utilizada por geógrafos musulmanes del siglo XI, siendo una zona que ha sido ocupada por todos los pueblos que han pasado por la Península Ibérica, encontrando aquí pinturas rupestres, restos paleolíticos, neolíticos e íberos, así como restos de las culturas fenicia, griega, romana,visigoda y árabe.

Con estos últimos la zona alcanzó su máximo esplendor y renombre, realizándose la mayoría de las fortificaciones existentes, ocupándolas hasta que la Orden de Caballería de Santiago reconquistó toda la Sierra concediéndole en 1242 el Fuero de Cuenca por el Maestre Don Pelay Pérez Correa, siendo donada a la Orden de Santiago por Fernando III.

En 1580 las villas del Común de Segura adquieren la prerrogativa de dictar ordenes para la conservación de los montes para lo cual fueron elaboradas las «Ordenanzas del Común de la villa de Segura y su tierra» en la sacristía del Monasterio de Santa María de la Peña, en las afueras de Orcera, entre el 27 y el 29 de julio de 1580, siendo confirmadas por Felipe II el 5 de junio de 1581.

Estas ordenanzas fueron la normativa legal utilizada en la Sierra de Segura para el mantenimiento, conservación y aprovechamiento de todos sus recursos hasta que dada la riqueza maderera, Fernando VI firmó la Ordenanza de Montes de Marina de 31 de enero de 1748 en la que se dispone que todos los Montes del territorio queden sujetos a la jurisdicción de Marina.

La comarca se convertirá en la llamada «provincia marítima de Segura de la Sierra», compuesta por la actual Sierra de Segura más las subdelegaciones de Alcaraz, Villanueva del Arzobispo, Cazorla y Santisteban y todo esto para la gestión y explotación de los recursos forestales, aprovisionándose así de las maderas necesarias para la construcción de la Fábrica de Tabacos de Sevilla, entre otros importantes edificios y parte de la flota, suponiendo a la vez un importante recurso económico para las arcas estatales.

Este periodo se prolonga hasta entrado el siglo XIX, su declive se inicia con el Decreto de las Cortes de Cádiz de 14 de enero de 1812, por el que se abrogaba el régimen de los montes de Marina, derogado a su vez por Fernando VII, con la restauración del absolutismo.

Finalmente, el 22 de diciembre de 1833 se publican nuevas Ordenanzas Generales de Montes, que clausuran definitivamente la etapa de la provincia marítima.

Durante la Guerra de la Independencia, los vecinos de la comarca participaron activamente contra la ocupación de las tropas francesas. Segura de la Sierra es incendiada en 1.810 con lo que se pierden los archivos de la Encomienda de Santiago existentes en la localidad.

La Sierra en su totalidad no pertenece a la provincia de Jaén hasta 1.833, habiendo pertenecido anteriormente a otros reinos, lo que le ha hecho ser siempre una zona fronteriza con personalidad propia.A mediados del siglo XIX, se inicia la Desamortización de Mendizábal, en 1.836-1.837, que se culmina con Madoz, por la cual se vendieron en pública subasta un vasto elenco de propiedades, con el fin de sanear las cuentas de la Corona. Nuestros montes tuvieron especial relevancia en este proceso, ya que como consecuencia, se instala en la comarca una nueva clase social, más elitista y adinerada que la existente y que no tardó en transformarse en aristocracia rural.

En 1865 se promulga un Reglamento para el deslinde de los Montes Públicos, que será la norma vigente en la materia hasta el actual Reglamento de Montes, establecido por Decreto 485/62, de 22 de febrero.

A principios del siglo XX, el 50% de la superficie comarcal, por supuesto la más productiva, está en manos de unos setenta propietarios. Durante el primer tercio se produce un importante crecimiento demográfico en la comarca y como consecuencia, se hace mayor la presión social de una población que carece de recursos económicos, lo que se refleja en nuevas ocupaciones de hecho de espacios forestales transformados en suelo agrícola.

Pero la actividad administrativa de posguerra en materia forestal se caracterizó por la consolidación de un dominio público exacerbado, la proliferación de las repoblaciones y el inicio de la explotación cinegética. Entre 1940 y 1981 emigran mas de cincuenta mil personas. El profesor Eduardo Araque Jiménez expone que «la Administración forestal de posguerra solo va a tolerar aquellos asentamientos legalizados previamente por vía judicial, así como los autorizados administrativamente por el Estado y los Ayuntamientos, y por los cuales estos organismos públicos venían percibiendo un canon anual, procediendo al desalojo de todos cuantos no se ajusten a estos principios.

La presión sobre las numerosas aldeas y cortijadas existentes en los enclaves de montes públicos forzó a los poseedores de estos, ante la ausencia de títulos de propiedad documentados, a la firma de documentos en los que reconocía al Estado como cedente del dominio directo de sus propiedades, obligándose aquellos al pago de un canon anual o a movilizarse a núcleos de nueva creación como Coto Ríos o El Vadillo.

Entre las novedades legislativas más significativas ya en democracia destaca el decreto 10/1986, de 5 de febrero, que crea el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas con el fin de «ordenar los recursos y lograr un equilibrio entre el necesario progreso económico y social y la conservación del patrimonio natural y cultural», a él la comarca Sierra de Segura aporta una extensión del 69% (143.346 ha) del total del Parque (209.000 ha).